Este acto inconcebible tan solo unos meses atrás, era el resultado de las constantes y numerosas manifestaciones cívicas de diversos sectores de la población, que no solo reclamaban el cese de la permanente persecución y los abusos que cometía el gobernante en contra de los estudiantes y otros sectores opuestos a su régimen, sino también la inmediata re instalación de la democracia ante el manifiesto interés de Ubico por imponer el continuismo de su mandato de 14 años mediante una tercera reelección al cargo.

Casi inmediatamente el General Federico Ponce Vaides, se las ingenió para investirse autoritariamente como Presidente Provisorio de Guatemala, con la clara intención de concluir el mandato de Jorge Ubico.

Sin embargo, cuando trató de validar su cargo durante una histórica y encendida sesión en el Congreso de la República el 3 de julio, fue rechazado por connotados guatemaltecos como el diputado, periodista y Director del diario “El Imparcial”, Alejandro Córdova, quien días después fue asesinado por la policía generando un repudio colectivo.

La situación continuó en un claro deterioro, las persecuciones políticas y los arrestos se incrementaron e incluso se llegó a movilizar a grupos de campesinos para insultar y amenazar a la población opuesta al nuevo dictador.

Es entonces cuando el movimiento de reivindicación nacional conformado por militares, estudiantes, profesionales y obreros decide impulsar las acciones finales que culminaron con la firma del Acta de Capitulación de Ponce Vaides el 20 de octubre de 1944 y la posterior instalación de una Junta Revolucionaria de Gobierno, que fue integrada por el ciudadano Jorge Toriello Garrido, el Capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el Mayor Francisco Javier Arana.

En ese sentido, vale la pena mencionar el importante y decidido apoyo que brindó el Cuerpo Diplomático acreditado en el país a la culminación del proceso, pero principalmente la acción de las Embajadas de los Estados Unidos de América, Colombia y la Nunciatura Apostólica como facilitadores del mismo.

Lejos queda ya en el almanaque el 20 de octubre de 1944, es decir sesenta y cinco años han pasado desde que aconteciera este hecho histórico sin precedentes para Guatemala. Sin lugar a dudas, los siguientes diez años a la Revolución se caracterizaron por una forma distinta de entender al Estado y su función, desde una perspectiva democrática, descentralizada y social que fue principalmente promovida por el Doctor Juan José Arévalo Bermejo, como Presidente de la República, y ampliada desde una visión más liberal por su sucesor el Capitán Arbenz Guzmán.

Sin lugar a dudas, los altos valores democráticos y el fortísimo sentimiento nacionalista de todos quienes estuvieron involucrados en esta verdadera y heroica gesta cívica, merecen todo el reconocimiento y respeto de los guatemaltecos.

No obstante la Revolución de Octubre ha generado numerosos análisis y comentarios en diversidad de foros académicos, periodísticos y políticos a través de los años, tanto sobre los logros alcanzados durante ese período revolucionario, como del modelo de país que tendríamos de no haber sido interrumpido este proceso por el golpe de Estado, que fue encabezado por el Coronel Carlos Castillo Armas cuando sectores conservadores y la propia Agencia Central de Inteligencia -CIA por sus siglas en inglés-, vieron con preocupación el impulso de políticas públicas asociadas con principios de corte comunista.

Sin embargo, soy de la opinión que hemos llegado a ese momento de necesaria reflexión que nos permita avanzar en el tiempo hacia el siguiente estadio; sin que ello implique desconocer nuestro pasado, pero tampoco permanecer inertes en el tiempo, tomando como excusa y argumento a la propia historia, para no entender y atender objetivamente nuestra compleja y dinámica agenda de Nación.

Y es que pareciera ser que ciertos sectores políticos, sociales, populares y académicos insisten conveniente y oportunistamente en dificultar el avance de las nuevas ideas y propuestas, así como de abrir espacios de participación a nuevos actores, que inspirados no solo en los valores y principios del movimiento cívico y militar del 20 de octubre de 1944 sean capaces de escribir su propia historia y diseñar una nueva revolución económica, tecnológica, social, ambiental e intercultural, que refleje más fehacientemente nuestra realidad interna y entorno geopolítico actuales.

“Las revoluciones empiezan por la obcecación y terminan por la incredulidad. En su origen predomina una seguridad orgullosa; la opinión general desdeña la duda y no tolera la contradicción. Al terminarse, el escepticismo ocupa el lugar del desdén y ya no se preocupa nadie de las convicciones individuales ni de la fe en la verdad.” Guizot.

Esta expedición que Colón inicia en el Puerto de Palos de la Frontera, tenía como propósito encontrar para la Corona española una nueva ruta hacia el Asia oriental; cuando final y equivocadamente llega a la isla de Guanahani, hoy en día conocida como Bahamas, cree haber alcanzado su cometido, el cual le acompañó  hasta el final de su vida, ya que nunca supo que había llegado a un continente que no era conocido por los europeos.

Lo que se dio a partir de la conquista y la colonización, es motivo de un amplio y profundo análisis, por lo que significó no solo en términos del encuentro de dos continentes que se habían desarrollado independientemente; sino también por el inicio del intercambio de productos agrícolas, la extracción de riquezas naturales y tesoros de las comunidades originarias de América.

Y es que prácticamente durante 350 años de dominio español, prevalecieron los desmanes, abusos y tratos inhumanos en aras de la evangelización y de la consolidación del poder absoluto de la Corona en este territorio. En este largo proceso se obvió la convivencia armónica, el respeto a la cultura de  los pueblos indígenas y a su libertad, pero sobre todo a la vida.

Hoy, 517 años después de la llegada de Colón y sus expedicionarios, nuestro continente no solo es la cuna de unas de las más grandes civilizaciones que el mundo ha conocido: Maya, Azteca e Inca, que conservan celosamente sus tradiciones, cultura y espiritualidad, sino también es el resultado del encuentro de dichos pueblos originarios con diversas culturas, que dio vida al mestizaje.

Guatemala es un país en donde cerca del 60% de su población es indígena,  sin embargo siempre ha prevalecido la cultura mestiza o ladina por encima de los tres pueblos indígenas: maya, xinca y garífuna.

Y es que desde el propio nacimiento del Estado de Guatemala, no se contempló o impulsó acción alguna para reivindicar el respeto a los derechos de los pueblos originarios, ya que su diseño administrativo y político mantuvo las mismas características y condiciones impulsadas durante la Corona española.

Asimismo, durante el conflicto armado de 36 años que vivió el país, la población indígena fue quien resultó más afectada por la violencia provocada por los enfrentamientos armados entre el ejército y la guerrilla, ya que se ejerció una constante presión obligando a miles de ellos a huir de sus poblaciones, a la dolorosa separación de familias y a la casi nula posibilidad de desarrollar productivamente a sus comunidades, debilitando aún más el ya  suficientemente frágil tejido social y polarizando a la sociedad en su conjunto.

No fue hasta 1996 con la Firma de la Paz, que se reconoció la necesidad de forjar una sociedad pluricultural, multilingüe y multiétnica, que se ha formado, y continúa formando, a partir de los contactos y convivencia entre distintas comunidades, que a su vez aportan sus modos de pensar, sentir y actuar.

Ello nos permite entender que no hay culturas mejores o peores, cada quien puede tener formas distintas de pensar, sentir y actuar. Es decir, que en una sociedad diversa no existe una jerarquía entre las mismas, ya que todas son igualmente dignas y merecedoras de respeto y que la única forma de comprenderlas correctamente es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales.

No será pues, hasta que comprendamos que las relaciones interculturales se basan en el respeto a la diversidad, a la convivencia pacífica, la tolerancia y a un diálogo abierto y permanente, que podremos entonces construir verdaderamente una Guatemala para todos; con igualdad de derechos y obligaciones, con generación de oportunidades para quienes han estado muy lejos o se les ha negado el derecho de alcanzar los indicadores de desarrollo humano,  y entonces, solo entonces, podamos finalmente celebrar el “Día de la Interculturalidad” en vez de el “Día de la Raza” .

“La discriminación de los negros está presente en cada momento de sus vidas para recordarles que la inferioridad es una mentira que sólo acepta como verdadera la sociedad que los domina” Martin Luther King

Aparentemente con motivo de esta elección se suscitó un proceso de negociación entre seis bancadas representadas en el Congreso de la República, siendo éstas: la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Gran Alianza Nacional (GANA), el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la Unidad del Cambio Nacional  (UCN), la Bancada Guatemala (BG) y el Partido Unionista (PU), quienes apoyaron el listado de candidatos que posteriormente resultó ganador y señalado.

Derivado de ello, ocho de los trece magistrados que resultaron electos, han sido señalados por diversas organizaciones de la Sociedad Civil, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y la prensa nacional de estar asociados a pesquisas pendientes, a una gestión deficiente y actividades políticas y económicas que contravienen intereses judiciales.

Ello desató una muy fuerte crítica mediática en contra de las bancadas responsables, que si bien cumplieron con un proceso legítimo en términos de la ley, han sido repetidamente señalados que la elección es fruto de un acuerdo político que pretendería defender intereses políticos y económicos de estas organizaciones y de sectores de poder.

Con ello se obvió el clamor de la mayoría de la población, que aspira por contar con un Organismo integrado por magistrados probos e idóneos, que coadyuven desde sus cargos a la enorme necesidad de poner un freno a los altísimos niveles de impunidad y violencia, que afectan a la ciudadanía.

De esa cuenta, un grupo de abogados y ciudadanos presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad –CC-  solicitando dejar en suspenso la citada elección. En ese sentido, la Corte decidió  emitir una resolución con la que dejó en suspenso no solo la elección sino que también a su vez  determinó un plazo de tres días, que concluyó el lunes 5 de octubre, para recibir las denuncias fehacientes en contra los magistrados electos.

A ese respecto, fueron presentados 62 expedientes, de los cuales 17 fueron a favor de los magistrados electos señalados por la sociedad civil y la CICIG, los cuales deberán ser evaluados por el Congreso de la República y decidir a partir de los mismos, si da a lugar la sustitución de alguno de los señalados.

Esta situación sin precedentes en la vida jurídica y política del país supone la necesidad de definir cuál será el camino a seguir: la ratificación de los señalados como magistrados electos; anular la elección del pasado 30 de septiembre y convocar a una nueva elección con nuevos candidatos en base a los listados de juristas proporcionados por la Comisión de Postulación o bien crear un método para desconocer a los que tengan señalamientos inobjetables.

En esta encrucijada, el Cuerpo Diplomático, el propio Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la Relatora Especial de ese organismo, Gabriela Carina Knaul han manifestado su exigencia, para que el Congreso de la República  garantice la competencia e independencia e integridad de los magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia.

Definitivamente aplaudo que en esta coyuntura, hemos sido testigos de la reunión, bajo una misma causa, de distintos sectores de la política y de la sociedad civil, que si bien tienen distintas visiones de país o identificación ideológica, han promovido la lucha por la justicia como un punto de encuentro y convergencia, que los ha hecho olvidar por el momento sus propias diferencias.

Espero que lo anteriormente descrito, sea el origen y razón de nuevos tiempos, de un verdadero fortalecimiento institucional, tanto democrático como en el sector justicia; y que atendamos y entendamos en definitiva que la agenda nacional debe ser tratada desde múltiples aristas, que son igualmente importantes.

Confío en la objetividad y responsabilidad, de todos los sectores y sus actores en los argumentos de fondo, para que finalmente sustituyan al oportunismo y el clientelismo político, mediático y económico por un proyecto de Nación.

La agenda está planteada.

Es justo reconocer su exitosa gestión en el área rural y el efectivo combate a la pobreza, que han dado como resultado la reducción de la misma en un 11%. De igual forma, la suma de las anteriores acciones ha propiciado la generación de un clima de confianza para la inversión extranjera, la cual ha alcanzado los US$10 mil millones y por ende la generación de oportunidades de trabajo y bienestar para sus ciudadanos.

Actualmente el Presidente Uribe cuenta con un amplio respaldo de la población con un 70% de popularidad, que le ha valido ser electo en dos oportunidades previas. Ello ha propiciado que recientemente el Congreso colombiano, diera su aval a un proyecto de ley, que tiene por objeto convocar a la población para efectuar un referendo, en donde se consulte su opinión sobre la posibilidad de una segunda reelección.

Si bien el proceso involucra también a la Corte de Constitucionalidad y que el mismo Congreso realice algunas modificaciones a la Ley de Garantías Electorales; es muy probable que 7.2 millones de colombianos, que representan el 25% del padrón electoral, expresen su opinión favorable en la consulta.

Para comprender de mejor manera el “fenómeno” de Uribe, es importante analizar adicionalmente a sus logros internos, el entorno geopolítico actual de Colombia, ya que su estrecha relación con los Estados Unidos de América y el tener una posición ideológica totalmente opuesta a los países miembros del ALBA, han situado al país en una encrucijada y en la constante amenaza de un enfrentamiento armado con Venezuela y Ecuador.

Ante estos y distintos argumentos, el Pueblo de Colombia apuesta por la continuidad de la administración de Uribe, quien representa, la seguridad y la estabilidad en el rumbo a seguir. Sin embargo, en este caso particular surge necesariamente el debate en torno a la alternancia en el poder, en contraposición a la individualización y exclusividad del éxito del modelo colombiano en la figura del actual Presidente.

Y es que debería entenderse que las instituciones democráticas, las políticas públicas y los logros alcanzados en todos los ámbitos, no deberían correr peligro alguno en su continuidad, independientemente de quien resulte electo a través de voto popular si las mismas se han cimentado correctamente.

De igual forma porque la buena conducción del Estado, ha contado con la plena participación de la sociedad en su conjunto, la cual se yergue indudablemente en garante y celoso guardián de sus propios intereses.

Estoy plenamente convencido que el Presidente Uribe ha logrado construir un país democrático, próspero y en paz; y hoy tiene la irrepetible oportunidad histórica de erguirse, a diferencia de los presidentes: Chávez, Correa, Morales, Ortega y del destituido Manuel Zelaya, como un auténtico referente y defensor de la democracia.

En los últimos tiempos son múltiples las justificaciones que han provocado en América Latina, desde las distintas tendencias ideológicas y políticas, una preocupante y cada vez más insistente necesidad de realizar reformas constitucionales con “dedicatoria”, que pretenden consolidar y perpetuar en el tiempo y en el poder a regímenes democráticos, unos con mayor legitimidad que otros.

El Presidente Uribe no necesita caer en la tentación, de replicar el mismo error de sus homólogos, aún a sabiendas del contundente apoyo que seguramente recibiría del Pueblo de Colombia en las urnas electorales.

Muy atentamente lo invito a reflexionar.

Ello sirvió de inspiración para que dicha élite económica diera vida a un movimiento independentista, basado en el interés de promover nuevas relaciones comerciales con terceros países y, así terminar con la obligatoriedad y exclusividad de hacerlo con la corona española; más allá de su interés por corregir los enormes abusos suscitados durante la época colonial en contra de las culturas originarias.

De esa cuenta se firma el Acta de Independencia de Centro América un 15 de septiembre de 1821 en el Palacio de los Capitanes en la ciudad de Guatemala. Este acto contó con la participación de representantes del Gobierno Central español, del Ayuntamiento Local, Superiores de las diferentes órdenes religiosas y el Arzobispo de Guatemala.
Posteriormente en el mes de enero de 1822, luego de vivir momentos de enorme incertidumbre política, la provincias de Centro América se anexaron al Imperio mexicano de Iturbide, como una medida para enfrentar las presiones que aún ejercía la Corona española.

Sin embargo, con el derrumbe del Imperio de Iturbide, finaliza la anexión dando lugar a la constitución de una nación soberana bajo el nombre de “Provincias Unidas de Centro América”.

Este primer intento de unidad centroamericana, concluyó en 1838 al romperse el Pacto Federal, debido a viejas estructuras socioeconómicas de corte conservador, que se opusieron a la edificación de un gobierno liberal, pluralista y republicano dando paso a la constitución de cada República en un Estado Independiente.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y a inicios del siglo XX fueron numerosos y fallidos los intentos integracionistas. No fue sino hasta los años sesenta que mediante la suscripción del Tratado de Integración Económica Centroamericano, se retoma la agenda desde una perspectiva económica, que lamentablemente se vio afectada por el inicio de los conflictos armados en la región, la crisis económica y la debilidad de las democracias que constantemente eran víctimas de golpes de Estado militares.

A mediados de los años ochenta y a principios de los noventa, con el inicio de los procesos regionales de pacificación en Centro América (Esquipulas I y Esquipulas II) y la consolidación de las jóvenes democracias, nuevamente se consolida el esfuerzo de integración desde una visión institucional a través de la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA- y diversos organismos regionales creados para ese efecto.

Esta breve reseña histórica, nos permite entender que la celebración del Aniversario de la Independencia de Centro América, si bien es un simbolismo que recuerda una etapa de nuestra historia, en la actualidad resulta obligado reflexionar sobre el modelo de independencia que vivimos.

Ello, en virtud que hoy somos esclavos de los trágicos índices de pobreza y extrema pobreza, de su rostro de dolor reflejado en la muerte de niños debido a la desnutrición, de la violencia lacerante generada por la delincuencia común y el crimen organizado transnacional y de los préstamos que facilitan los organismos financieros internacionales con los consabidos y leoninos intereses que cobran.

Asimismo, no podemos obviar los efectos de las equivocadas decisiones de las potencias mundiales en su política exterior que nos han afectado directa o indirectamente, del proteccionismo discrecional de los grandes mercados internacionales y las condicionantes de la ayuda que nos ofrece la comunidad internacional para “impulsar” el desarrollo en la región.

Debemos preguntarnos entonces: ¿cuál es el verdadero significado de nuestra Independencia? y cómo a partir de ello, poder recuperar la capacidad de tomar las decisiones que nos atañen sobre el futuro que queremos construir. Si bien vivimos en un mundo cada vez más globalizado, no por ello nuestra soberanía y dignidad deben quedar sujetas al mejor criterio o inherencia de terceros actores, que son ajenos no solo a Centro América sino a nuestra realidad.

En la actualidad, la conformación de un bloque regional, con un fuerte trasfondo ideológico de corte socialista, que se apoya con extensos recursos derivados del alza del precio del petróleo a nivel mundial, se ha encargado de promover permanentemente la polarización entre el norte y sur del continente americano; amenazando la paz regional por el incremento de las capacidades militares de algunos países suramericanos y por la intromisión en asuntos internos de terceros, a través del apoyo político y económico a grupos desestabilizadores.

Este “nuevo orden” democrático también se caracteriza por impulsar reformas constitucionales que permitan a los actuales presidentes, extender sus mandatos por medio de la reelección ilimitada y la restricción a la libertad de expresión, por medio del cierre de estaciones de radio y canales de televisión, debido a la escasa tolerancia a las críticas derivadas de la gestión pública y las decisiones políticas.

En ese sentido, el Presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, en un intento de emular algunas de las acciones adoptadas por sus homólogos Chávez, Correa y Morales, insistió en reformar la Constitución de la República para facilitar su reelección en el cargo, a pesar de la negativa jurídica contenida en las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral y casi la totalidad de organismos del Estado.

Como consecuencia de sus actos fue depuesto de su cargo el pasado 28 de junio y llevado inmediatamente a Costa Rica. En su lugar, el Congreso de la República eligió y juramentó al Presidente de ese Alto Organismo, Roberto Micheletti, como Presidente de la República para culminar el mandato hasta enero del 2010 y convocar a elecciones para la presidencia en el próximo mes de noviembre.

Este hecho desencadenó una fuerte condena de la Organización de Estados Americanos y de la comunidad internacional en su conjunto, pese a las múltiples explicaciones vertidas por el gobierno de Micheletti, argumentando la legitimidad del proceso que derivó en el relevo presidencial; de igual forma, numerosas iniciativas de presión política y financiera se han suscitado desde entonces, sin mayor éxito para devolver el poder al depuesto “Mel” Zelaya.

Durante el transcurso de la semana el gobierno de los Estados Unidos de América hizo público un anuncio, indicando que desconocerá al candidato que resulte electo por voto popular como Presidente de la República en el próximo proceso electoral, que contará con la participación de los partidos políticos mayoritarios (Liberal y Nacional), como una medida de presión ante el gobierno de transición.

Soy del criterio que ésta decisión seguida por otros países es riesgosa, desmesurada, excesiva y totalmente anti democrática; y es que esa misma comunidad internacional que hoy se constituye como “acérrima defensora” de la democracia, se extra limita en sus funciones obviando la soberanía de un Pueblo y su voluntad expresada en las urnas.

Ojalá que quienes hoy defienden esta tesis, recapaciten en su decisión y que en los meses que restan para la celebración de los comicios, destinen los recursos necesarios y mejores capacidades para apoyar y verificar ese proceso; y así convertirse en garantes de la auténtica voluntad del Pueblo, que desde el ejercicio del sufragio, expresa al mundo su firme voluntad por vivir en paz, en una verdadera democracia y en pleno apego a su marco legal interno, que al final es la avenida principal que debe de regir el destino de Honduras.

Hoy se propone a un desprestigiado e inoperante sistema de justicia la impostergable oportunidad de transparentar por primera vez, no solo el proceso de elección, sino también la enorme posibilidad de que a través de las Comisiones de Postulación se puedan verificar las hojas de vida de los candidatos a los diferentes cargos en el Organismo Judicial.

Para situar en contexto lo anterior, es importante hacer mención que este histórico proceso surge como una consecuencia del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg y que diera lugar a su vez, a la formación de un movimiento cívico conformado por diversas asociaciones de jóvenes e importantes sectores de la sociedad civil, quienes desde ese entonces, insistentemente han alzado su voz de protesta por los altísimos niveles de violencia y la impotencia generalizada de la población ante la ausencia de la certeza jurídica en los procesos.

Considero que este es un enorme y alentador paso que está en vías de consolidarse y que puede finalmente facilitar la construcción de un sistema de justicia que no esté comprometido o asociado con la corrupción, los manejos políticos y la impunidad. Sin embargo, debemos de ser cautelosos en creer que ello es la solución definitiva a nuestros grandes problemas; desde ya también se deben corregir los enormes rezagos y debilidades institucionales que afectan la capacidad operativa del Estado en el tema de la seguridad pública, lo cual es vital para complementar efectivamente la acción del Organismo Judicial.

Es en ese sentido, que se debe propiciar la creación de espacios de reflexión, análisis y debate responsables e incluyentes en torno a la sociedad que queremos edificar, de esa cuenta es importante fortalecer a las instituciones del Estado para que fundamentadas en principios éticos y morales propicien el respeto y el ejercicio pleno de los derechos individuales o colectivos de sus miembros, en donde ningún ciudadano u organización sean superiores al imperio de la ley por razones asociadas al poder político, social, religioso o económico.

De igual forma el sistema de partidos políticos debe de ser revisado, reformado y fortalecido para contar con verdaderas instituciones democráticas y probas que representen los intereses de la población, en virtud que, al proponer a los candidatos para ocupar los cargos gubernamentales en el Organismo Ejecutivo, Legislativo y los gobiernos municipales no escapan de su enorme responsabilidad en este proceso; incidiendo positivamente en el fortalecimiento del Estado de Derecho o bien propiciando los espacios favorables para el desarrollo de la corrupción y la preeminencia de la impunidad.

Finalmente las importantes acciones impulsadas por la sociedad civil, no deben restringirse a un evento único o específico sino tener una inherencia mucho más amplia y sustentada en procesos estratégicos en el corto, mediano y largo plazo, para que a partir de ellos se geste la verdadera transformación de un Estado que hoy apunta a ser fallido, de no adoptar las medidas necesarias.

Si bien la convocatoria a elecciones por el Tribunal Supremo Electoral se encuentra aún muy lejana, los interesados en alzarse con el triunfo en dicho proceso han iniciado anticipada y disimuladamente su participación; unos por medio de campañas de afiliación, otros con grandes desplegados de prensa externando diversos criterios políticos sobre temas de actualidad y prácticamente todos en la ardua tarea de visitar cada fin de semana las comunidades del interior para crear o reforzar su bases partidarias que les permitan aglutinar un mayor número de adeptos a sus proyectos.

En ese sentido, en los últimos días se ha mencionado con cierta insistencia la posible candidatura de la señora Sandra Torres Casanova de Colom a la más Alta Magistratura de la República en el próximo proceso electoral a celebrarse en el 2011; de confirmarse lo anterior reflejaría una tendencia muy en boga a nivel latinoamericano que conlleva una serie de reformas o interpretaciones constitucionales ad hoc que permiten  la continuidad de los gobiernos de turno ya sea través de la reelección de los propios presidentes o bien postulando a sus cónyuges para el cargo.

El caso de la señora de Colom provoca desde ya un debate muy interesante de voces a favor y en contra sobre la legalidad, legitimidad  y eticidad de la misma, pero de igual manera despierta grandes dudas y evidentes signos de preocupación en muchos sectores ya que al ser la figura de mayor proyección a lo interno de la actual administración ejerce un liderazgo mayor que el propio Presidente en las decisiones partidistas, políticas y de gobierno.

Es de todos conocido que su poder alcanza, a pesar de no desempeñar un cargo público, la decisión final y discrecional del destino de los amplios, cuestionados y poco fiscalizables miles de millones de quetzales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación en favor del programa de “Cohesión Social” y que por su mismo carácter asistencialista-populista, de ser viable su candidatura, sería su plataforma electoral ubicándola en una posición de enorme ventaja en relación a sus posibles adversarios.

Sobre el particular, los siguientes meses apuntan que no solo seremos testigos de interesantes y extensos debates constitucionales sino también de discusiones, columnas de opinión, editoriales y de extensas y minuciosas fiscalizaciones tanto de la opinión pública como de las bancadas de oposición sobre la utilización o aprobación de mayores recursos para el citado programa.

Ojalá que ese futuro que se vislumbra complicado para Guatemala en la próxima contienda electoral no sea aprovechado para propiciar mayores niveles de polarización, así como la generación de actos violentos que bajo la inaceptable excusa de la defensa de intereses políticos partidarios o personales nos hagan revivir los muy tristes y negros recuerdos del “Jueves Negro” y el “Viernes de Luto” acaecidos en el mes de julio del 2003.

¡Vamos guatemaltecos a construir un país en donde la paz, la justicia, la libertad, el bienestar, las oportunidades y la inclusión no sean valores irrenunciables o postergados!