Guatemala vive horas de intermitente incertidumbre desde que el día miércoles 30 de septiembre, el Congreso de la República realizó la elección de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia –CSJ-, luego que la Comisión de Postulaciones enviara los listados aparentemente “depurados” de los candidatos más idóneos, para ocupar tan importantes cargos de ese Alto Organismo y de  las Magistraturas correspondientes a las Salas de Apelación.

Aparentemente con motivo de esta elección se suscitó un proceso de negociación entre seis bancadas representadas en el Congreso de la República, siendo éstas: la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Gran Alianza Nacional (GANA), el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la Unidad del Cambio Nacional  (UCN), la Bancada Guatemala (BG) y el Partido Unionista (PU), quienes apoyaron el listado de candidatos que posteriormente resultó ganador y señalado.

Derivado de ello, ocho de los trece magistrados que resultaron electos, han sido señalados por diversas organizaciones de la Sociedad Civil, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y la prensa nacional de estar asociados a pesquisas pendientes, a una gestión deficiente y actividades políticas y económicas que contravienen intereses judiciales.

Ello desató una muy fuerte crítica mediática en contra de las bancadas responsables, que si bien cumplieron con un proceso legítimo en términos de la ley, han sido repetidamente señalados que la elección es fruto de un acuerdo político que pretendería defender intereses políticos y económicos de estas organizaciones y de sectores de poder.

Con ello se obvió el clamor de la mayoría de la población, que aspira por contar con un Organismo integrado por magistrados probos e idóneos, que coadyuven desde sus cargos a la enorme necesidad de poner un freno a los altísimos niveles de impunidad y violencia, que afectan a la ciudadanía.

De esa cuenta, un grupo de abogados y ciudadanos presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad –CC-  solicitando dejar en suspenso la citada elección. En ese sentido, la Corte decidió  emitir una resolución con la que dejó en suspenso no solo la elección sino que también a su vez  determinó un plazo de tres días, que concluyó el lunes 5 de octubre, para recibir las denuncias fehacientes en contra los magistrados electos.

A ese respecto, fueron presentados 62 expedientes, de los cuales 17 fueron a favor de los magistrados electos señalados por la sociedad civil y la CICIG, los cuales deberán ser evaluados por el Congreso de la República y decidir a partir de los mismos, si da a lugar la sustitución de alguno de los señalados.

Esta situación sin precedentes en la vida jurídica y política del país supone la necesidad de definir cuál será el camino a seguir: la ratificación de los señalados como magistrados electos; anular la elección del pasado 30 de septiembre y convocar a una nueva elección con nuevos candidatos en base a los listados de juristas proporcionados por la Comisión de Postulación o bien crear un método para desconocer a los que tengan señalamientos inobjetables.

En esta encrucijada, el Cuerpo Diplomático, el propio Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la Relatora Especial de ese organismo, Gabriela Carina Knaul han manifestado su exigencia, para que el Congreso de la República  garantice la competencia e independencia e integridad de los magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia.

Definitivamente aplaudo que en esta coyuntura, hemos sido testigos de la reunión, bajo una misma causa, de distintos sectores de la política y de la sociedad civil, que si bien tienen distintas visiones de país o identificación ideológica, han promovido la lucha por la justicia como un punto de encuentro y convergencia, que los ha hecho olvidar por el momento sus propias diferencias.

Espero que lo anteriormente descrito, sea el origen y razón de nuevos tiempos, de un verdadero fortalecimiento institucional, tanto democrático como en el sector justicia; y que atendamos y entendamos en definitiva que la agenda nacional debe ser tratada desde múltiples aristas, que son igualmente importantes.

Confío en la objetividad y responsabilidad, de todos los sectores y sus actores en los argumentos de fondo, para que finalmente sustituyan al oportunismo y el clientelismo político, mediático y económico por un proyecto de Nación.

La agenda está planteada.

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